Un alto índice de pobreza que ronda el 40%, el hambre y la inseguridad alimentaria representan grandes desafíos en el Puerto Rico del siglo 21, convergieron ayer economistas y portavoces de organizaciones comunitarias que, a diario, asisten con alimentos y otros servicios de primera necesidad a personas y comunidades vulnerables.

El economista y catedrático de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José Caraballo Cueto, uno de los ponentes en el foro “Tenemos hambre de soluciones”, propuso varias medidas para atajar la falta de alimentos y la pobreza, entre ellas, revivir la propuesta de la fenecida ex primera dama, Luisa “Piti” Gándara, de implementar un arbitrio a las bebidas carbonatadas, reducir el impuesto de ventas sobre uso (IVU) de 11.5% a 10% y, por la vía administrativa, que a las personas que se benefician de la reforma de salud se les permita trabajar sin que se “les penalice” por recibir asistencia social.

“El modelo actual de ponerlos a escoger entre el programa social o trabajar no está funcionando y por eso tenemos unas tasas de pobreza tan altas en Puerto Rico”, subrayó Caraballo Cueto en el foro auspiciado por el Banco de Alimentos que se celebró en el Centro para Puerto Rico, en Río Piedras.

El economista dijo que extender el alcance de la reforma de salud daría flexibilidad a muchas personas de ocupaciones de bajos ingresos, como cajeros, despachadores, meseros y trabajadores de la construcción no diestros.

“Por ejemplo, una persona que quiera ir a trabajar a un proyecto de construcción le van a pagar $15 o más la hora y eso, automáticamente, lo descalifica del programa de Medicaid en Puerto Rico, que aquí le dicen la reforma. La persona tiene que escoger entre trabajar tres, seis meses en ese proyecto y quedarse permanentemente sin el acceso a la salud o por lo menos varios años, o quedarse en la economía informal” indicó.

Detalló que, en la esfera federal, la propuesta se conoce como Welfare to Work y “se está haciendo ahora mismo con los trabajadores agrícolas”.

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Entre las alternativas para enfrentar la pobreza, está la posibilidad de implementar un impuesto a las bebidas carbonatadas, reducir el IVU de 11.5% a 10% y, por la vía administrativa, que a las personas que se benefician de la reforma de salud se les permita trabajar sin que se “les penalice” por recibir asistencia social.