Un informe especial reveló que el gobierno de Puerto Rico no usó $1.2 millones para combatir la pobreza infantil seis meses después de aprobados.

El reporte, dirigido por la Auditoría General de Argentina, analiza el panorama de Puerto Rico con respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible, Fin de la Pobreza, según la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

De acuerdo con la auditoría y remitido por la Contraloría de Puerto Rico, para el año fiscal de 2023, que arrancó el 1 de julio de 2022, el gobierno de la isla aprobó un presupuesto de $1.2 millones para sufragar el Programa contra la Pobreza Infantil.

Sin embargo, al 20 de enero de 2023, no se habían utilizado estos fondos, según la auditoría.

“Esta situación impidió medir el avance para reducir la pobreza infantil”, afirmó el informe especial.

El gobierno de Puerto Rico estableció además el 31 de diciembre de 2021 la Comisión para

Combatir la Pobreza, mediante la Ley 84-2021, para reducir la pobreza infantil y la desigualdad social en un 50 % para el 2032, entre otros objetivos.

Según datos del Censo de Estados Unidos, al 2022, el 42 % de la población y el 58 % de los menores de 18 años vivían en situación de pobreza en la isla.

Pero, de acuerdo con la auditoría, no se establecieron los mecanismos necesarios para cumplir los objetivos, ya que no se integraron las iniciativas estatales y federales con las de los gobiernos municipales, las entidades sin fines de lucro y el sector privado.

Además, la Comisión para Combatir la Pobreza no había preparado un plan estratégico ni una lista de los fondos disponibles a nivel federal y estatal, y la ley no incluyó tampoco métodos de participación ciudadana, entre otros.

El informe especial, además de auditar la pobreza y la pobreza infantil en la isla, también investigó la mitigación del impacto del COVID-19 y disminuir la brecha de género.

En cuanto a la pandemia, la auditoría reveló que, aunque se estableció una Comisión Asesora por Orden Ejecutiva, esta no estuvo en funciones ni se creó una estructura para su implementación. La Comisión Asesora la formaban 11 funcionarios que sólo se reunieron en una ocasión.

La auditoría indica que la Orden Ejecutiva no incluyó métodos de participación ciudadana ni acciones para disminuir la brecha de género para atender los objetivos.

“

Según el Censo, al 2022, el 42% de la población y el 58% de los menores de 18 años vivían en situación de pobreza en la isla”

CONTRALORÍA DE P,R, SEGÚN INFORME ESPECIAL