La Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) da los pasos necesarios para una eventual transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), que ofrece actualmente ayuda a unas 700,000 familias de menos recursos en Puerto Rico, al Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP, en inglés), que es administrado por el Departamento de Agricultura federal (USDA, en inglés), cuyos beneficios son más abarcadores y podrían extenderse a más familias en la Isla.

De concretarse ese esfuerzo, explicó el administrador de ADSEF, Alberto Fradera Vázquez, otras 200,000 familias entrarían a recibir beneficios del programa, que además podrían duplicarse.

“El programa que se conoce como el PAN opera lo que es un ‘block grant’ (subvención en bloque). Quiere decir que todos los años, cuando comienza el nuevo año fiscal federal, el 1 de octubre de cada año, Puerto Rico recibe una asignación específica para atender ese programa. Y ese dinero tenemos que distribuirlo entre la cantidad de participantes dentro del programa. Y eso lo que ocasiona es que el beneficio que nuestros participantes reciben sea mucho más bajo que lo que están recibiendo actualmente los beneficiarios del SNAP en los demás estados”, explicó Fradera sobre la situación actual bajo el PAN.

De igual forma, agregó, “nuestras tablas de elegibilidad son más restrictivas en lo que respecta a los ingresos, porque, al nosotros tener esa asignación en bloque, no nos permite ajustar tablas de ingresos”.

“Cuando Puerto Rico transicione al programa SNAP estaremos duplicando lo que son los beneficios, prácticamente, y también ampliando lo que son los ingresos que puede reportar un participante para ser elegible”, afirmó. “El beneficio es a Puerto Rico, a que las familias que están en este momento en alguna necesidad puedan recibir mayores beneficios. Y con eso garantizamos una sana alimentación y los alimentos en los hogares, particularmente en aquellos donde son madres jefas de familia que tienen menores a su cargo, y de igual forma nuestros adultos mayores”.

Además, contrario a lo que sucede con el bloque de asignación fija del PAN, en el programa SNAP, si entran más familias al mismo, automáticamente se añaden más fondos para los beneficios que les corresponda recibir.

El funcionario explicó que la transición trae otras ventajas, como el “acceso directo a fondos de emergencia”.

“Actualmente, bajo el programa del PAN, al ser un programa que no está bajo el SNAP, una vez Puerto Rico entra en una situación de emergencia, como lo fueron los huracanes Irma y María, como fueron los terremotos, como lo ha sido la pandemia, tenemos que esperar a que el Congreso nos asigne fondos para atender esa emergencia. Y eso atrasa la ayuda y la respuesta que el gobierno está llamado a dar a las familias y a todo ciudadano que esté en una situación de emergencia”, comentó.

“Bajo el SNAP tendríamos ac

ceso directo a los fondos de emergencia, así que no tendríamos que esperar a que se pase legislación. Y pudiéramos estar asistiendo, no solamente a los participantes que tenemos actualmente bajo el programa, sino también a aquellas familias que se han visto afectadas por la emergencia y que no son participantes del PAN, pero que sufrieron una situación particular a causa de la emergencia que enfrentemos, cosa que no podemos hacer bajo el PAN ahora mismo”, agregó.

En cualquier caso, la transición al SNAP requiere del aval del Congreso. Y para lograrla, la administración del gobernador Pedro Pierluisi también ha redoblado sus esfuerzos en semanas recientes, como parte de una estrategia más amplia que persigue integrar a Puerto Rico a varios programas federales, en busca de que reciba un trato igual al que reciben los estados, y para lo cual inclusive creó un grupo de trabajo multisectorial, bajo la Orden Ejecutiva 2022-029.

De hecho, el pasado 11 de enero, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, radicó una medida ante el Congreso que persigue ese fin y que propone un periodo de cinco años para completar la transición.

“Hay que puntualizar que durante este año se va a discutir el ‘farm bill’ en el Congreso. Esa es la legislación que asigna fondos de asistencia, y en esa legislación están incluidos el SNAP y en el caso de Puerto Rico el PAN. Y es política pública del gobernador de Puerto Rico y es el compromiso del presidente (Joe) Biden de que Puerto Rico transicione hacia el programa SNAP”, explicó Fradera.

De darse la aprobación del Congreso, una vez se complete todo el trámite legislativo y el presidente Biden lo firme en ley, se ordenaría a las agencias involucradas, entiéndase USDA y ADSEF, comenzar la transición.

“Será una transición ordenada. Ningún ciudadano, ningún participante va a verse afectado durante ese periodo de transición. Esa transición también trae consigo unas orientaciones de cómo va a ser el programa, cómo funciona, todos los pormenores”, aseguró el administrador, agregando que funcionaría de manera similar a lo que hoy se conoce popularmente como la Tarjeta de la Familia.

Fradera añadió que actualmente evalúan si será necesaria alguna acción legislativa a nivel estatal, aunque considera que quizás no sea el caso, pues ya ADSEF se ocupa de la administración del PAN, y se trataría más bien de cambiar el programa, no de crear uno nuevo.

De hecho, aclaró que, como ocurre en cada estado con sus respectivas agencias, el SNAP en Puerto Rico quedaría bajo la administración de ADSEF, que trabajaría en conjunto con USDA y el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, en inglés) agencias federales que se ocupan de asignar y desembolsar los fondos y supervisar la operación del programa. “Pero toda la operación programática quedaría como ahora mismo estamos, bajo el Departamento de la Familia, en ADSEF”.

Entrar a SNAP permitiría a Puerto Rico recibir una suma mucho mayor para el programa.

“Básicamente, Puerto Rico en los últimos años ha recibido un leve aumento en el ‘block grant’. Actualmente, es de $2,800 millones, pero al transitar a SNAP (serían) prácticamente a unos $4,500 millones Puerto Rico estaría en la posición de poder recibir y asistir a más familia para darles la ayuda nutricional”, explicó. El funcionario puntualizó que, al dejar de ser un ‘block grant’ podrían ampliar las tablas de elegibilidad, algo que no es permitido en estos momentos.

“Bajo el SNAP, tendríamos acceso directo a los fondos; pudiéramos continuar asistiendo familias sin el temor de quedarnos sin presupuestos para poderlas asistir. Las tablas de ingresos y los requisitos de elegibilidad serían más amplios para las familias. Duplicaría el beneficio”, reiteró.

Agregó que, de hecho, SNAP “traer consigo el programa de empleo, que va dirigido a ciertos participantes, entre edades de 18 a 49 años, hábiles para trabajar, que podemos brindarles las herramientas para que entren y se integren a la fuerza laboral, al mismo tiempo que reciben el beneficio”.

Aprovechó para aclarar que, contrario a lo que se puede escuchar, muchos participantes actuales del PAN, aunque reportan ingresos por su trabajo, continúan recibiendo beneficios. Inclusive, si los ingresos del participante llegaran a superar el límite, no perdería el beneficio de forma inmediata, sino que se le harían ajustes a su beneficio de manera escalonada, a lo largo de 18 meses.

Para dar una idea de quién recibe actualmente el PAN y de cuánto es ese beneficio, el administrador de ADSEF ofreció dos ejemplos: una persona que vive sola cuyos ingresos mensuales sean iguales o menos a $619, luego de deducciones que el técnico calcula, y que incluyen criterios como edad, cuido de menores, medicamentos, salud, vivienda, entre otras. En el otro ejemplo, una familia de cuatro, sean adultos o menores, su ingreso mensual para calificar, luego de deducciones, podría quedar hasta $2,206.

Fradera no quiso adelantar números específicos de a cuánto podría ampliarse los límites para calificar o cuánto podría ser el aumento en los beneficios bajo SNAP, pero sugirió que podrían parecerse a los que se otorgan en Hawái o las Islas Vírgenes Estadounidenses, toda vez que tienen condiciones geográficas similares, que es algo que se toma en consideración al establecer los criterios del programa.

De acuerdo con un estudio realizado por el USDA, que Fradera citó para ofrecer el estimado de las 200,000 familias que pudieran integrarse al programa SNAP, dicha transición podría tomar unos 10 años, aunque el funcionario se mostró mucho más optimista y pronóstico que el cambio debería ocurrir “en cinco años o menos”.

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Será una transición ordenada. Ningún ciudadano, ningún participante va a verse afectado durante ese periodo de transición”

ALBERTO FRADERA VÁZQUEZ

ADMINISTRADOR DE ADSEF