El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia informó ayer que su administración sometió ante la jueza federal Laura Taylor Swain, que preside los casos de bancarrota del Gobierno, su oposición a que las pensiones de los jubilados del servicio público sean recortadas como parte del Plan de Ajuste de la Deuda.

En la comunicación, expresó el mandatario, se advierte que no aprobará legislación alguna que recorte las pensiones y que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no ha articulado cómo podría concretar la disminución a los cheques de los jubilados que propone, sin que se avale una ley que lo permita.

“Esta objeción que sometemos hoy (ayer) ante el Tribunal es parte de las acciones que hemos tomado a favor de nuestros pensionados. Reitero mi compromiso con ellos y me sostengo en que este Gobierno no favorece ningún recorte a las pensiones. Nuestros retirados dedicaron años de su vida al servicio público y ya han sufrido una reducción en sus ingresos, por lo que es injusto e innecesario insistir en recortes en sus pensiones. Como he dicho, aunque apoyo los términos económicos del Plan de Ajuste de la Deuda presentado ante el Tribunal de Título III, no puedo avalar un recorte a las pensiones. Mi gobierno continuará expresándose en los foros pertinentes para que se apruebe un Plan de Ajuste que no afecte a nuestros pensionados”, sostuvo el gobernador en un comunicado de prensa.

El ejecutivo ha insistido en que, en el contexto de las insuficiencias fiscales que llevaron

“Mi gobierno continuará expresándose en los foros pertinentes para que se apruebe un Plan de Ajuste que no afecte a nuestros pensionados”

PEDRO PIERLUISI GOBERNADOR

a la bancarrota, las pensiones de los jubilados ya fueron reformadas en el 2013 provocando una drástica disminución en los beneficios que recibe la mayor parte de los pensionados del servicio público.

Ayer, con sus expresiones, resalta que la JSF no hace referencia alguna a esta reforma, ni detalla las consecuencias sociales o económicas que podría afectar este sector de la población, altamente vulnerable ante un menoscabo de sus ingresos.

La JSF procura, como parte del ajuste de las deudas del gobierno central, recortes a las pensiones mayores de los $1,500 mensuales. Los cortes serían más severos para las pensiones más cuantiosas. La intención es reducir la nómina de pensionados en 8%.

La semana pasada el gobernador aprobó la Ley de Retiro Digno, que busca asegurar que se mantengan las pensiones actuales. La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, afirmó recientemente que dicho estatuto no es consistente con la Ley Promesa, por lo que podrían invalidarla.